Empresas piden un impulso al autoconsumo y una ley de cambio climático

Varias organizaciones empresariales, junto con consumidores y ecologistas han suscrito un documento conjunto en el que piden la modificación de la normativa de autoconsumo para adecuarla a las recomendaciones de la UE y la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética, así como un Pacto de Estado de la Energía que garantice la seguridad jurídica.
Entre los firmantes figura una unión de empresas fotovoltaicas y eólicas, grupos ecologistas, asociaciones empresariales y inversores fotovoltaicos.
También lo han suscrito la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, el Clúster de la energía de Extremadura y la Asociación de Profesionales de Energías Renovables en Catalunya de entre otras asociaciones de ámbito energético.
Estas organizaciones piden al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que defina un plan de medidas para llevar a cabo la transición energética y que modifique la actual legislación de autoconsumo para que esté en línea con las legislaciones de otros países y recomendaciones de la Comisión Europea.
También piden la adopción de decisiones concretas para que España pueda cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar la descarbonización completa de la economía en 2050.
"Tanto las medidas de ahorro energético como las inversiones en renovables son decisiones a largo plazo que requieren de un marco jurídico estable para que puedan llevarse a cabo a precios competitivos", y "por ello resulta esencial abordar previamente la restitución de la deteriorada confianza en la normativa eléctrica española" aseguran desde las organizaciones firmantes.
También defienden la idea de un marco regulatorio estable y la definición de una planificación ordenada son condiciones necesarias para garantizar una creciente introducción de las energías renovables en el mix energético y reducir la dependencia energética de España.
Por esta razón, las organizaciones firmantes instan al Gobierno a que impulse un Pacto de Estado de la Energía que sea fruto del diálogo entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.
FUENTE: EL ECONOMISTA

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